La unión de trabajadores penitenciarios planea demandar este plan, por lo que considera “privatización de los centros carcelarios.”
Su malestar se centra en el articulo 140 que impulsa a la privatización de los centros carcelarios.
Según la UPT esta ley incrementaría la corrupción y el hacinamiento pues el Gobierno debe pagar por cada detenido más de 10 millones de pesos por año.
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