La JEP sentenció a 12 militares que hicieron parte del Batallón La Popa, en Valledupar por 132 casos de falsos positivos
El jueves 18 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, emitió la primera sentencia contra militares responsables de “falsos positivos”, es decir, el asesinato de inocentes presentados como bajas en combate.
Esta es la segunda sanción de tipo restaurativa que emite la justicia especial y se conoce tan solo dos días después de la sentencia contra el último secretariado de las Farc por el casi 01 de secuestros.
“Ninguna sociedad tendría que pasar por algo así, ni tolerarlo, ni mucho menos negarlo, exculparlo o justificarlo. Estos crímenes internacionales sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia. Rompieron lazos sociales, mancharon la confianza de las instituciones y acabaron con los sueños de cientos de mujeres y hombres trabajadores que solo luchaban por un sustento mejor”, declaró el magistrado Ramelli, quien hizo un llamado al país, para no caer en el “negacionismo histórico”.
La sentencia que cuenta con 584 páginas sobre el subcaso La Popa es la primera que esclarece los patrones macrocriminales y condena a los máximos responsables dentro del macrocaso 03. Según detalló la JEP, la presencia de los pueblos indígenas en el proceso, es importante, pues ellos también fueron víctimas. Además, durante la audiencia, la magistrada Ana Manuela Ochoa, ponente de la sentencia, depositó el texto de la sentencia en una mochila que simboliza la presencia de ellos en el proceso.
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La sentencia de la JEP del subcaso de La Popa condena a 5 oficiales (2 subtenientes, 1 teniente y 2 mayores), 4 suboficiales y 3 soldados. Este caso fue elegido por la JEP precisamente por ser el más representativo de la Primera División del Ejército, donde se registraron la mayoría de casos de bajas, entre 2002 y 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe y su ofensiva militar contra la guerrilla en el marco de su política de Seguridad Democrática.
La sentencia reconoció dos patrones macrocriminales; la alianza entre la fuerza pública y los paramilitares para obtener personas para presentar falsamente como bajas en el combate y el segundo fue el asesinato de personas vulenrabes, que eran engañadas con falsas promesas de trabajo o negocio.
De esta manera, el Tribunal concluyó que esos 12 militares que fueron responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad como: desaparición forzada, asesianto, tortura, persecución y homicidio en persona protegida.
La mayoría de las diligencias judiciales se realizaron en diferentes lugares de la Costa Caribe, como Valledupar, Barranquilla, San Juan del Cesar, Resguardo Indígena Kankumo, entre otros. Durante los encuentros, se permitió la participación efectiva de las víctimas y contribuyeron para definir los proyectos restaurativos que harán parte de la Sanción Propia.
“Estas sanciones, lejos de ser meramente punitivas, están orientadas a la reparación del daño causado y a la reconstrucción del tejido social, que se materializa con la implementación de proyectos restaurativos en beneficio de las víctimas y de las comunidades afectadas”, se lee en la sentencia.
En cuanto a las víctimas, la magistrada se refirió a 135 personas asesinadas en este subcaso, 131 eran hombres, incluyendo cinco niños, y cuatro eran mujeres, incluyendo una niña indigena. Además, 14 de las víctimas pertenecían a pueblos indígenas: diez al Pueblo Kankuamo y cuatro al Pueblo Wiwa. Además, seis víctimas eran afrodescendientes, de las cuales una pertenecía al Consejo Comunitario José Prudencio Padilla y dos al Consejo Comunitario Kusuto MaGente.
“Con esta sentencia impuesta a integrantes de la fuerza pública reconocemos e insistimos en una verdad que durante años fue negada, escondida y silenciada”, aseguro Ramelli.
Finalmente, la sentencia se definió en cuatro ejes, con una duración de 8 años:
- Memoria y dignificación.
- Sanación, armonización territorial y fortalecimiento organizativo.
- Infraestructura comunitaria.
- Productividad y generación de ingresos.
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