Organizaciones humanitarias alertan por agudización de la violencia en el suroeste de Antioquia
Un reciente estudio de derechos humanos expone la grave intensificación de la violencia en el Suroeste antioqueño. El motor principal de esta escalada son las confrontaciones territoriales entre grupos armados al margen de la ley por la supremacía de la minería ilegal. Las estadísticas son contundentes: con 253 homicidios hasta agosto, la región ya superó en un 3.3% el total de asesinatos registrados en todo 2024.
El análisis, elaborado por una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) como Mujeres que Crean, Vamos Mujer, Conciudadanía, Corporación Jurídica Libertad e Instituto Popular de Capacitación (IPC), señala al Clan del Golfo (AGC) como el principal impulsor de la crisis. La expansión de su bloque «Edwin Román Vásquez» es vista como la causa directa del recrudecimiento.
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El Clan del Golfo ha redirigido sus operaciones desde el Occidente antioqueño hacia las provincias de Cartama y San Juan, buscando tomar el control absoluto de las rutas y las ganancias de la extracción ilícita de minerales.
Los municipios de Andes y Betulia se han convertido en la zona cero de los enfrentamientos. En Andes, la cifra de homicidios se disparó de 20 en 2024 a 50 en 2025 (un aumento del 150%). Betulia experimentó una subida aún más pronunciada, pasando de 11 a 29 casos (un incremento del 163.6%).
Carlos Zapata, líder del IPC, destacó que la ferocidad de la disputa se debe a la resistencia de las redes criminales históricamente asentadas: “Es donde se está concentrando, porque ese es el punto fuerte de la Oficina del Valle de Aburrá o de la Terraza de San Pablo. Ellos potenciaron una estructura llamada la Oficina de Andes, y fueron los que impulsaron también los del 20 de Julio. Son las estructuras que hoy están soportando la arremetida del Clan del Golfo”.
El informe enfatiza que la ciudadanía se está utilizando como herramienta para imponer un control social rígido. Esto se logra mediante amenazas constantes, limitaciones a la libre circulación y la ejecución de «limpiezas sociales».
La consecuencia humanitaria más notable es el drástico aumento del desplazamiento forzado. Según la Unidad de Víctimas, se contabilizaron 629 personas desplazadas hasta septiembre. Andes es el municipio más golpeado, con un salto de 36 desplazados en 2024 a 195 en lo que va de 2025.
Ante la gravedad del panorama, las organizaciones que firman el informe urgen al Gobierno Nacional a desplegar un plan de seguridad humanitaria de emergencia en las zonas rurales de Andes y Betulia. También demandan la desarticulación inmediata de las fuentes de financiación del Clan del Golfo ligadas a la minería ilegal.
Las ONG concluyen que el Suroeste de Antioquia está viviendo una reconfiguración profunda del conflicto, donde los recursos mineros son el eje central. De no haber una respuesta estatal pronta y efectiva, la región podría enfrentarse a una crisis humanitaria sin precedentes.
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