La Personería sancionó miembros del comité del Concejo de Medellín por archivar la denuncia sin tener la facultad legal para hacerlo

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La Personería Distrital de Medellín confirmó las sanciones disciplinarias contra cinco integrantes del Comité de Convivencia y Acoso Laboral del Concejo de la ciudad. La decisión se tomó tras comprobarse que los funcionarios incurrieron en una falta grave al archivar, de manera autónoma, una queja por presunto acoso laboral, impidiendo que fuera investigada por la autoridad competente.

De acuerdo con la investigación, los implicados violaron las normativas vigentes en Colombia que regulan el ejercicio disciplinario y la prevención del acoso en entornos de trabajo.

El origen del caso: Extralimitación de funciones
Los hechos ocurrieron en marzo de 2022, fecha en la que el comité decidió, por mutuo acuerdo, archivar una denuncia al considerar que no había motivos suficientes para continuar con el proceso.

Sin embargo, la Personería Delegada explicó que los comités de convivencia tienen un rol netamente preventivo y de mediación, por lo que no tienen la facultad jurídica para decidir si existió o no el acoso. Al hacerlo, el comité asumió competencias que le corresponden exclusivamente al Ministerio Público.

“Se extralimitaron en decidir la existencia o no del acoso laboral, al no dar traslado a una queja de acoso laboral al Ministerio Público para que la misma fuera investigada en debida forma”, señaló la entidad.

Modificación de las sanciones
Aunque inicialmente la sanción en primera instancia contemplaba siete meses de suspensión, el Personero Distrital resolvió un recurso y modificó los tiempos del castigo según el nivel de responsabilidad de cada miembro. Como resultado del fallo, el presidente y la secretaria del comité fueron sancionados con tres meses de suspensión e inhabilidad especial, mientras que a otros tres integrantes se les impuso una sanción de dos meses de suspensión.

Con este fallo definitivo, la Personería de Medellín reiteró que los comités de convivencia laboral están diseñados para el acompañamiento y la conciliación interna, pero cualquier denuncia formal debe ser remitida de manera obligatoria a las autoridades correspondientes para su respectiva investigación legal.

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