El excongresista Jaime Vásquez y su hermano, ambos sacerdotes, fueron hallados responsables de abusar de un menor
La Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista y sacerdote Jaime Alonso Vásquez Bustamante y a su hermano, Carlos Fernando Vásquez, a más de 20 años de prisión por abuso sexual contra un menor de edad. La decisión se dio en el marco de un proceso judicial que se extendió por más de 13 años.
El alto tribunal revisó el caso en sede de casación y concluyó que en fallos anteriores hubo errores graves en la valoración de las pruebas, lo que había derivado en la absolución de los acusados en instancias previas.
Un caso de abuso sistemático
Según determinó la Corte, los hermanos Vásquez sometieron a la víctima, Francisco Javier Bohórquez, a abusos durante aproximadamente 16 años, desde que era menor de edad y se desempeñaba como acólito.
El fallo reconoció un contexto de violencia continuada y un dominio ejercido sobre la víctima, incluso en aspectos económicos, lo que influyó en la prolongación de los hechos.
Además, el tribunal enfatizó que la ausencia de pruebas físicas no invalida el testimonio de una víctima de abuso, y cuestionó que en decisiones anteriores se hubiera exigido este tipo de evidencia para dar credibilidad a la denuncia.
Captura y decisión judicial
Tras la sentencia emitida el 15 de abril, las autoridades procedieron a la captura de los dos sacerdotes el 18 de abril en San José del Guaviare, en un operativo adelantado por el CTI de la Fiscalía.
La Corte también desestimó argumentos utilizados previamente, como la supuesta falta de resistencia de la víctima o la inexistencia de secuelas psicológicas, señalando que estos criterios no son determinantes para establecer la ocurrencia de abuso.
Postura de los condenados
Durante el proceso, Jaime Vásquez negó reiteradamente los hechos y sostuvo que su relación con el denunciante era de amistad. Incluso llegó a calificar las acusaciones como una “calumnia” y sugirió que detrás de la denuncia había intereses económicos.
Sin embargo, la Corte dio plena credibilidad al testimonio de la víctima y concluyó que existían elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal de ambos.
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La decisión marca un precedente sobre la forma en que deben analizarse los casos de abuso sexual, especialmente en lo relacionado con la valoración del testimonio de las víctimas y la comprensión de contextos de violencia prolongada.
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