Justicia a medias en Antioquia: el proceso de restitución de tierras apenas alcanza un 15 % de las solicitudes
La restitución de tierras en Antioquia continúa estancada y apenas alcanza un 14,8 % de cumplimiento, según cifras consolidadas por la Fundación Forjando Futuros. El dato confirma el rezago en uno de los departamentos más golpeados por el despojo y el desplazamiento forzado, donde miles de víctimas siguen sin una solución efectiva por parte del Estado.
De las 27.071 solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), solo 3.993 han sido resueltas judicialmente. La situación es especialmente crítica en Medellín, donde existen 1.251 solicitudes y ninguna ha obtenido sentencia. El mismo panorama se repite en Bello, Murindó, El Retiro, Santa Fe de Antioquia y Yalí, donde el número de casos resueltos es cero.
En otros municipios los avances son mínimos: Dabeiba registra un cumplimiento de apenas 0,3 %; Frontino, 0,5 %; Ituango, 0,7 %; Arboletes, 0,75 %; y Briceño, 0,9 %.
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Aunque se han proferido 2.733 sentencias y se han restituido 57.727 hectáreas correspondientes a 3.878 predios, las cifras resultan insuficientes frente a la magnitud del despojo en el departamento. En términos de equidad de género, se evidencia un leve avance: 4.782 títulos de propiedad han sido entregados a mujeres, frente a 4.202 a hombres. Sin embargo, este progreso no compensa el atraso estructural del proceso.
A la lentitud institucional se suma la oposición de empresas que continúan dilatando y obstaculizando la restitución de predios. A nivel nacional se identifican 168 compañías involucradas en estos procesos, 41 de ellas con presencia en Antioquia, principalmente de los sectores minero, agroindustrial y financiero. Los intereses económicos, advierten organizaciones sociales, siguen siendo un factor determinante en la demora, incluso en los casos donde las víctimas ya cuentan con sentencia favorable y deben esperar años para la restitución material.
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La problemática trasciende el ámbito departamental. En todo el país, las sentencias de restitución representan apenas el 10,6 % de las solicitudes presentadas ante la URT y equivalen solo al 6 % de la meta gubernamental fijada en 300.000 casos, lo que evidencia un atraso estructural que mantiene en incertidumbre a miles de familias despojadas en Colombia.
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