Después de dos años de pujas, el Congreso de la República aprobó la política pública contra la pérdida de alimentos. Una política pública para que no haya más desperdicio de comida.
Quienes trabajen en su producción y comercialización estarán obligados a entregar, de forma gratuita, aquellos alimentos que sobren de su inventario y estén en buenas condiciones.
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