El alcalde Federico Gutiérrez ha denunciando que trajeron gente de otras regiones y se instrumentalizaron comunidades para «llenarle la plaza» al presidente Petro en Medellín
Fico, lanzó una advertencia sobre las movilizaciones de este 1 de mayo en la capital antioqueña. A través de una denuncia pública, el alcalde de Medellín aseguró que la asistencia a las concentraciones en apoyo al Gobierno Nacional está marcada por la intimidación y la presión de grupos armados.
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Fico detalló el inventario de transporte que ha ingresado a la ciudad, cuestionando el financiamiento de este despliegue logístico. Según la información consignada en el Puesto de Mando Unificado (PMU), a Medellín han llegado:
17 Chivas de los municipios de Ciudad Bolívar, Dabeiba y Caucasia.
22 buses de transporte de servicio especial del Bajo Cauca.
Cerca de 30 buses de servicio de transporte público colectivo de las comunas 1, 4, 13 y Altavista.
«Convocan una marcha en Medellín, pero tienen que traer gente de otros municipios y transportar personas de diferentes barrios bajo intimidación para llenarle la plaza a Petro», afirmó el alcalde.
Además, el alcalde fue enfático en señalar que, si bien respeta las luchas históricas de los sindicatos y trabajadores, la jornada actual ha sido desvirtuada por la presencia de encapuchados y la instrumentalización de comunidades indígenas, incluyendo menores de edad.
Además, denunció la presunta participación de bandas delincuenciales: “tenemos información de que las mismas estructuras criminales han presionado a las empresas de buses para que lleven a sus miembros y personas a la marcha”, señaló Gutiérrez, vinculando estas acciones con la implementación de la denominada «Paz Total».
Para Fico, lo que se vive hoy en las calles de Medellín es una repetición de estrategias pasadas para aparentar apoyo popular. Comparó la situación con eventos previos en la Plazoleta de la Alpujarra, calificando la jornada actual como el “Tarimazo 2.0”.
La administración municipal aclaró que, aunque se brindan todas las garantías para la protesta, cada una de estas irregularidades ha quedado registrada en el acta oficial del PMU para las investigaciones pertinentes. El interrogante principal que deja el alcalde en el aire sigue siendo el mismo: «¿Quién paga esto?».
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