La Oficina del Comisionado de Paz y la delegación del Gobierno Nacional anunciaron la reactivación de diálogos con los cabecillas
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Los diálogos con los voceros de las estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá se encontraban suspendidas desde el pasado mes de abril debido a una investigación por una parranda vallenata al interior de la cárcel de Itagüí.
Las conversaciones, establecidas desde junio de 2023, se detuvieron formalmente al día siguiente de registrarse el ingreso del cantante Nelson Velásquez y algunas personas sin autorización al pabellón de alta seguridad, el 8 de abril de 2026.
La delegación gubernamental argumentó en ese momento que dichos hechos no correspondían a las garantías de funcionamiento del espacio de diálogo.
Actualmente, las autoridades competentes adelantan investigaciones sobre lo ocurrido.
Doce funcionarios del Inpec, entre ellos el director y el subdirector de la prisión, están bajo proceso por presuntas omisiones en los controles de ingreso.
Dos internos implicados fueron trasladados a otros centros penitenciarios del país, uno de ellos es alias ‘Pocho’, fue enviado a la cárcel de Girón, en el departamento de Santander.
A través de un comunicado oficial, la delegación del Gobierno confirmó el regreso a las mesas de trabajo con el fin de avanzar hacia un acuerdo para la región.
En el documento, los delegados señalaron que el proceso ha enfrentado dificultades institucionales y mencionaron directamente a la Fiscalía General de la Nación, a sectores políticos regionales y al Congreso de la República por la falta de un marco jurídico definitivo para el sometimiento de estas estructuras.
«A pesar de las anteriores adversidades, reiteramos el compromiso de los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto y de la Delegación del Gobierno Nacional de persistir e insistir, porque de por medio está la paz como una obligación pública y un derecho popular».
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Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el presidente de la República respaldaron la reanudación de las mesas, relacionando el funcionamiento de este espacio con la tendencia a la baja en los índices de homicidios en Medellín durante los últimos dos años.
Las partes mantienen la agenda previamente establecida, la cual busca concretar un acuerdo condicionado antes del cierre del actual periodo de gobierno.
