A través de un mensaje difundido por WhatsApp, el Frente 36 habría puesto nuevas restricciones a líderes y campesinos de Angostura
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Un mensaje que circula a través de WhatsApp y redes sociales ha generado alarma entre los habitantes de Campamento y Angostura. La información, que llegó a Hora 13 Noticias, expone las instrucciones impartidas por el Frente 36 de las FARC-EP, bajo el mando de alias ‘Yeferson Martínez’, de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.
El texto, dirigido a campesinos y líderes comunales, establece dos líneas de acción que han sido interpretadas como una presión directa sobre la libertad del voto y la participación política en la región.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención de las autoridades y la comunidad es la postura explícita frente a la contienda presidencial. El comunicado advierte que la organización tiene conocimiento de «ciertos afectos» de habitantes y líderes de la zona hacia la tesis de lo que ellos denominan «la ultraderecha».
Ante esto, el Frente 36 es tajante: prohíbe el proselitismo político a favor de estas corrientes. El mensaje advierte que cualquier persona que sea identificada realizando campañas en favor de estos sectores deberá comparecer ante la organización para «hacer sus descargos».
El certificado electoral como salvoconducto
La segunda instrucción, que preocupa por su naturaleza de control poblacional, convierte el certificado electoral en un documento obligatorio para quienes residen en las zonas bajo influencia de este grupo armado.
El texto es explícito al señalar que, luego de la jornada del 21 de junio, exigirián dicho certificado a los habitantes. Quien no lo presente, deberá justificar ante la organización por qué no votó; en caso de no tener un motivo que el grupo considere válido, advierten que el ciudadano será sujeto a una «sanción», cuya naturaleza será informada directamente a la persona.
Una modalidad que preocupa a las comunidades
Esta información, que hoy circula de teléfono en teléfono en el norte de Antioquia, se suma a los reportes previos de carnetización y restricciones de movilidad. Al condicionar el acceso a la zona y la tranquilidad de los residentes a la participación en las urnas y a la afinidad política, el grupo armado busca consolidar un modelo de control sobre el territorio que, según denuncian diversos sectores, anula la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente.
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