Por situación de los detenidos, procuraduría abrió indagación preliminar contra el Alcalde de Medellín y 23 mandatarios más.
La Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación evalúan a esta hora la aplicación de medidas que resuelvan la permanente violación de los derechos humanos de los internos en las cárceles de Antioquia.
La primera declaración de estado inconstitucional de las cosas en las cárceles se dio hace 21 años y en su momento, la corte le dio 4 años al Gobierno para solucionar la crisis carcelaria.
Las peores condiciones de las cárceles están ahora en las estaciones.
En Antioquia, el hacinamiento está en el 82% en promedio.
Según el procurador tanto la acción popular como la indagación preliminar se debe a la falta de respuestas efectivas.
La Alcaldía propone perseguir a quienes utilizan a los menores.
Actualmente, Medellín cuenta con los centros de atención de menores en La Pola y en La Floresta.