Ante los hechos violentos de este fin de semana en el Bajo Cauca, que dejaron cinco personas muertas en los municipios de Cáceres y Tarazá, el Proceso Social de Garantías responsabilizó a los gobiernos nacional y departamental de omitir las advertencias hechas por ellos y la Defensoría del Pueblo desde el 2016.

bajo_cauca