El abogado Víctor Mosquera presentó un informe en la OEA que detalla la concentración de votos a favor de Cepeda en zonas rojas del país
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En el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrolla en Panamá, el abogado Víctor Mosquera presentó formalmente un reporte que documenta diversos aspectos de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio en Colombia.
El informe se centra en el análisis de los resultados electorales obtenidos por el candidato Iván Cepeda en municipios específicos, señalando una alta concentración de votos a su favor en regiones donde, de acuerdo con el documento, operan grupos armados organizados. El abogado destacó que, en localidades como Timbiquí, Jambaló, Guapi, Toribío, López de Micay y Sucre, los registros electorales muestran porcentajes de votación por el candidato del Pacto Histórico superiores al 90 %.
La exposición ante el organismo internacional subraya que estos resultados se presentan en zonas geográficas identificadas previamente como corredores estratégicos para actividades ilícitas y territorios con alertas vigentes por riesgos de orden público. De acuerdo con el análisis, los datos recabados en estas regiones del sur y occidente del país muestran una tendencia de votación que, según la argumentación presentada por Mosquera, difiere de los patrones electorales observados en otras zonas del territorio nacional.
Esta presentación ante la OEA da continuidad a las gestiones iniciadas por el Centro Democrático durante las elecciones al Congreso, cuando se presentó un análisis similar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En aquel reporte, se examinó el desempeño electoral del Pacto Histórico en 126 municipios, indicando que en dichas zonas, identificadas con presencia de actores armados, se concentró cerca del 55 % de la votación total de dicha fuerza política para el Senado.
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Mientras el proceso de consolidación de resultados avanza en Colombia, con las respectivas impugnaciones y solicitudes de reconteo por parte de los sectores políticos involucrados, se espera que los datos recolectados y la argumentación jurídica expuesta sean evaluados por las instancias nacionales e internacionales correspondientes.
