La decisión del Alto Tribunal de ordenar el traslado y la evacuación de los sindicados de los centros carcelarios, y la construcción de una cárcel metropolitana, tomada en junio del presente año, fue apelada por nueve actores ante la Corte Suprema de Justicia, entre estos, la Personería de Medellín.
Esta entidad consideró que el término de seis meses que le dieron a las entidades para comenzar a construir el nuevo centro de reclusión era muy extenso frente a la situación de la violación de derechos humanos que viven día a día las personas que se encuentran privadas de la libertad. Por eso insisten en soluciones inmediatas.