Las propiedades derivadas de este lote en Medellín suman más de 18.000 millones de pesos y servirán para reparar a las víctimas
Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó embargar y suspender la venta de 18 inmuebles que conformaban un antiguo parqueadero, ubicado en Medellín. Las autoridades calculan el valor total de estos predios en más de 18.000 millones de pesos.
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Con esta decisión, los bienes quedaron a cargo del Fondo para la Reparación de las Víctimas mientras concluyen los procesos judiciales correspondientes.
La decisión judicial se relaciona con un procedimiento realizado el 30 de abril de 1998, cuando integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ingresaron al lugar tras recibir reportes sobre la presunta fabricación de uniformes para grupos armados ilegales.
En el operativo, los investigadores hallaron documentos contables, registros en computadores y archivos digitales que daban cuenta del funcionamiento económico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), agrupación dirigida en su momento por los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la administración de ese dinero habría estado a cargo de Jacinto, conocido como alias Lucas. Los archivos encontrados permitieron conocer detalles sobre el manejo de fondos, pagos a integrantes y los recursos que utilizaba la organización.
El lote original fue dividido con el tiempo en 18 predios independientes. Funcionarios del CTI ejecutaron la orden del Tribunal para pasar la administración de las propiedades al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
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La justicia evaluará si los bienes tuvieron un origen o uso ilícito durante el conflicto armado para determinar si pasan de forma definitiva al Estado para la reparación de personas afectadas.
