Paros armados en Colombia generan tensión y afectan los derechos humanos

Recientemente, los paros armados decretados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, lideradas por alias «Iván Mordisco», han generado una grave crisis de seguridad en varias regiones de Colombia. La Defensoría del Pueblo ha desplegado equipos regionales para verificar los hechos y proteger a las comunidades, mientras se activan rutas de prevención en coordinación con autoridades locales y nacionales.

Estos paros armados han ocasionado restricciones en la movilidad, bloqueos de carreteras y amenazas, principalmente en áreas rurales y zonas estratégicas del país. Antioquia, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, y Norte de Santander son algunos de los departamentos más afectados por estos hechos violentos.

En Putumayo, los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo continúan bajo el confinamiento decretado por las autoridades locales debido a las amenazas de los grupos armados. Se estima que alrededor de 3.000 personas podrían estar afectadas por esta medida en los corregimientos de La Tagua y El Mecaya, entre otros.

En Caquetá, el paro iniciado el 9 de diciembre ha afectado a las comunidades de los ríos Caquetá y Caguán, donde se reportan interrupciones del transporte fluvial y terrestre. En el Amazonas, las comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA) también han sufrido las consecuencias de estas acciones, que dificultan su movilidad y acceso a recursos esenciales.

Por su parte, en Antioquia, el municipio de Copacabana experimentó la detonación de un artefacto explosivo sin víctimas, pero que bloqueó temporalmente el tránsito vehicular. Igualmente, en el Magdalena Medio, un ataque armado en el peaje de La Lizama dejó a una funcionaria herida y afectó la movilidad en la zona.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que estos paros armados representan una violación grave de los derechos humanos, al poner en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de la población civil. Los bloqueos, las amenazas y las restricciones ilegales a la movilidad afectan especialmente a quienes dependen del transporte para su sustento diario.

El organismo ha exhortado tanto a los grupos armados como a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la protección de la población civil y evitar nuevos ataques que puedan escalar la violencia.

Finalmente, la Defensoría hizo un llamado urgente al ELN y las disidencias de Iván Mordisco para que cesen sus acciones violentas y respeten el derecho a la seguridad de los colombianos. Las autoridades deben reforzar la presencia de seguridad y garantizar que las comunidades más vulnerables no sigan siendo víctimas de esta situación.