Mineros rechazan vínculos con grupos ilegales y critican operativos de la Fuerza Pública durante el paro
El paro minero que comenzó el 16 de marzo mantiene paralizadas amplias zonas del Bajo Cauca antioqueño, así como el municipio de Valdivia y sectores del sur de Córdoba, donde miles de trabajadores han salido a las vías para exigir garantías para su actividad y condiciones de trabajo dignas.
En medio de las movilizaciones, la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba denunció la estigmatización que enfrentan por parte de distintos sectores. Los líderes fueron enfáticos en señalar que no tienen vínculos con grupos armados ilegales y que su actividad es el sustento de miles de familias en la región.
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El movimiento también se pronunció frente a un comunicado del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, que expresó respaldo moral a la protesta. Sin embargo, la organización ilegal negó cualquier participación en la logística o desarrollo del paro, insistiendo en que se trata de una movilización de carácter civil.
Movilización masiva y tensiones con el Gobierno
Durante los primeros días de protestas, los mineros reportaron una alta participación en los puntos de concentración y aseguraron que se han mantenido corredores humanitarios para garantizar el paso de emergencias. Incluso, indicaron que en algunos municipios la actividad comercial se ha visto dinamizada por la presencia de los manifestantes.
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No obstante, el gremio expresó su inconformidad con las acciones de la Fuerza Pública, en especial por operativos recientes en zonas como Jardín, en Cáceres. Según denunciaron, la destrucción de maquinaria se ha realizado sin verificaciones previas vulnera el debido proceso de quienes buscan formalizar su actividad.
Exigencias y condiciones para el diálogo
Ante este panorama, la Mesa Minera presentó un pliego de peticiones al Gobierno Nacional en el que exige, como condición principal para iniciar conversaciones, la suspensión inmediata de la quema de maquinaria y la derogatoria del Decreto 1035 de 2024.
El documento también incluye solicitudes de garantías para los participantes de la protesta, la no judicialización de sus voceros y la implementación de un protocolo de derechos humanos con vigilancia civil.
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En materia económica, los mineros piden una ruta clara hacia la formalización, acceso a servicios financieros y participación en proyectos productivos regionales. Además, solicitan que cualquier mesa de diálogo se instale de manera presencial en Caucasia, con la participación de altos funcionarios con capacidad de decisión.
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Mientras continúan las protestas, el gremio insiste en que su lucha busca el reconocimiento de la minería como una actividad legítima y fundamental para la economía del territorio.
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