El objetivo era incautar elementos prohibidos y evitar que desde las cárceles se cometan delitos que puedan afectar las elecciones del 8 de marzo
Esta intervención comenzó hacia las 5:00 de la mañana y contó con la participación de más de 100 funcionarios, grupos especiales y unidades caninas, quienes realizaron requisas exhaustivas en celdas y áreas comunes, incluyendo la revisión de colchones y otros espacios donde suelen ocultarse objetos ilegales.
Según el primer reporte entregado por las autoridades penitenciarias, las inspecciones permitieron la incautación de 241 teléfonos celulares, 610 accesorios para equipos móviles, 280 tarjetas SIM, 12.363 gramos de sustancias estupefacientes, 1.275 litros de bebidas alcohólicas, 264 armas blancas y más de dos millones de pesos en efectivo.
Las autoridades señalaron que la operación hace parte de un protocolo de seguridad previo a la jornada electoral, cuyo propósito es prevenir delitos como la extorsión o amenazas que puedan coordinarse desde las cárceles y afectar el normal desarrollo del proceso democrático.
Uno de los hallazgos más llamativos se registró en la cárcel de La Dorada, donde funcionarios detectaron una nueva modalidad para ingresar teléfonos celulares a los pabellones.
De acuerdo con el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, los dispositivos eran impermeabilizados y enviados a través del sistema de alcantarillado de aguas lluvias, utilizando cuerdas para transportarlos hasta las celdas.
Según explicó el funcionario, esta práctica fue detectada en un establecimiento donde permanecen recluidos delincuentes de alto perfil vinculados a redes de extorsión, lo que motivó un seguimiento especial en coordinación con la Fiscalía y la Policía.
Los operativos también se concentraron en pabellones donde se encuentran internos procesados por delitos como extorsión, hurto y homicidio, debido al riesgo de que desde estos lugares se coordinen actividades delictivas mediante dispositivos móviles.
Las intervenciones fueron supervisadas directamente por el director del Inpec y se realizaron en distintos centros penitenciarios del país, incluyendo establecimientos en Bogotá como El Buen Pastor, La Picota y La Modelo, además de cárceles de alta seguridad en otras regiones.
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Con estas acciones, las autoridades buscan reforzar el control dentro del sistema penitenciario y garantizar la tranquilidad del proceso electoral, evitando que estructuras criminales utilicen las cárceles como centros de operación para cometer delitos o ejercer presión sobre la ciudadanía durante la jornada de votación.
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