La propuesta legislativa busca impedir que padres en mora asistan a conciertos o estadios, deben dar la cuota
Bajo la premisa de que el bienestar de los menores debe estar por encima del entretenimiento de los adultos, la congresista Jennifer Pedraza anunció la radicación de un proyecto de ley que busca restringir el acceso a espectáculos públicos para quienes deban cuotas de manutención. La propuesta, que llegará al Congreso en la próxima legislatura, plantea que si una persona cuenta con recursos para comprar boletas de conciertos o partidos de fútbol, tiene también la obligación y la capacidad de responder por la alimentación de sus hijos.
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La iniciativa se fundamenta en las alarmantes cifras reportadas en Colombia, donde se registran anualmente cerca de 130 mil denuncias por inasistencia alimentaria. Según la representante, es contradictorio que padres y madres aleguen falta de dinero ante los jueces, pero asistan a eventos masivos de alto costo. Esta medida toma como referencia modelos ya implementados en países como Argentina, donde las autoridades han impedido el ingreso de aficionados a estadios tras cruzar sus datos con los registros de morosos.
Para que esta restricción sea efectiva, el proyecto propone utilizar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una base de datos creada en 2021 donde se inscriben a quienes incumplen con tres o más cuotas sucesivas o alternas. De ser aprobada la ley, los organizadores de eventos y las autoridades de control tendrían la facultad de verificar estos antecedentes antes de permitir el ingreso a los recintos, garantizando así que se cumpla con lo estipulado en la Constitución sobre la prevalencia de los derechos de la infancia.
Actualmente, las cuotas alimentarias en el país se calculan sobre el salario mensual y pueden representar hasta el 50 por ciento de los ingresos del deudor. Con el salario mínimo de 2026, las obligaciones económicas pueden alcanzar los 875.452 pesos mensuales, dependiendo del número de hijos. Con este mecanismo de presión, se espera reducir la brecha de incumplimiento y asegurar que recursos que hoy se destinan al ocio sean redirigidos hacia la vivienda, educación y salud de los niños y adolescentes en el país.
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