La directora de la MOE, Alejandra Barrios, advirtió que revelar el tarjetón marcado abre la puerta al constreñimiento
La divulgación pública del voto por parte del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, encendió un fuerte debate en la jornada electoral. El hecho de que los altos funcionarios exhibieran sus opciones marcadas generó inmediatas reacciones sobre el impacto de esta conducta en las garantías democráticas.
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El riesgo del «mal ejemplo» y el constreñimiento
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), enfatizó que el amplio ejercicio logístico del país busca que cada ciudadano sufrague en secreto para proteger su libertad y seguridad frente a presiones externas.
Barrios advirtió que el comportamiento de los mandatarios debe ser ejemplar, pues mostrar el tarjetón marcado podría ser usado por otros ciudadanos para justificar irregularidades en los puestos de votación.
«El ejemplo debe ser: llegamos (…) no vamos vestidos con ningún tipo de identificación que muestre cuál es nuestra preferencia electoral, no permitimos que nadie vea nuestro voto para que después no nos puedan constreñir, para que después no nos puedan obligar a hacerlo en cualquier otro tipo de elección», explicó la directora, haciendo un llamado a mantener el «secretismo» del voto.
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¿Hubo participación en política?
Al ser consultada sobre si la acción de Petro y Benedetti constituía participación en política, Barrios aclaró que no es competencia de la MOE emitir ese juicio penal o disciplinario: «Esa valoración debe ser realizada por las autoridades competentes y los organismos de control», señaló, apuntando a que la Procuraduría deberá evaluar el caso bajo la luz de un reciente fallo del Consejo de Estado que prohíbe a los funcionarios de alto nivel hacer propaganda electoral.
Procuraduría: «Una garantía, no una obligación»
En medio de la controversia, el procurador general Gregorio Eljach ofreció una interpretación jurídica que matiza la discusión. Según el jefe del Ministerio Público, la constitución protege al elector pero no lo encadena a la reserva:
“El secreto del voto es una garantía democrática, no una obligación”, sostuvo Eljach, precisando que cada ciudadano es dueño absoluto de decidir si mantiene o no la privacidad de su elección al salir de las urnas.
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