El Instituto Nacional de Medicina Legal ha hecho pública una cifra que intensifica la controversia sobre las operaciones militares en el país
Según el reporte oficial, un total de 15 menores de edad han fallecido en bombardeos ejecutados por las Fuerzas Militares de Colombia entre los meses de agosto y noviembre de este año.
Los trágicos fallecimientos se han concentrado en los departamentos de Guaviare, Amazonas y Arauca, y la información emerge pocos días después del resonante caso ocurrido en Calamar, Guaviare, donde murieron siete niños durante un ataque dirigido a disidencias de las FARC. Esta revelación ejerce una presión considerable sobre el Gobierno de Gustavo Petro, exigiendo explicaciones sobre la planificación y ejecución de sus estrategias militares.
Medicina Legal desglosó los operativos que han incluido la muerte de niños:
- Guaviare (24 de agosto): La primera operación contabilizada ocurrió en la vereda Nueva York, municipio El Retorno. El instituto forense recibió ocho cadáveres, de los cuales tres eran menores de edad (dos niños y una niña).
- Amazonas (1 de octubre): En Puerto Santander, Amazonas, cuatro cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal el 7 de octubre. Los cuatro eran menores de edad e identificados (tres hombres y una mujer). Este bombardeo, dirigido a estructuras de la disidencia de las FARC liderada por Iván Mordisco, ocurrió a pesar de que el líder disidente logró escapar de la zona.
- Guaviare (10 de noviembre): Los operativos más recientes en Calamar resultaron en 20 muertos recibidos por el instituto, de los cuales siete eran menores de edad.
- Arauca (13 de noviembre): Finalmente, en Puerto Rondón, Arauca, un operativo causó la muerte de ocho personas, una de las cuales era una niña.
La entidad forense subraya que la revelación de estos 15 casos agrava aún más la crisis humanitaria en torno al reclutamiento y la vulnerabilidad de la niñez en el conflicto armado, volviendo a poner en el centro del debate la obligación primordial del Estado de proteger el bienestar de niños y adolescentes.
Las operaciones han sido ejecutadas bajo la dirección de un Gobierno que ha prometido defender estrictamente los derechos humanos. El presidente Gustavo Petro ha asegurado que las acciones militares se llevaron a cabo bajo el amparo del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y ha argumentado que se desconocía la presencia de niños en las zonas específicas de los bombardeos.
Sin embargo, dado el recurrente patrón de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales, diversos analistas señalan que ni la Fuerza Pública ni el Gobierno podían ignorar el alto riesgo de que hubiera niños entre las víctimas de estos ataques. La persistencia de esta tragedia plantea serios interrogantes sobre la inteligencia militar y la protección de los derechos de la infancia en medio de la confrontación armada.
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