Estudiantes marcharon desde UdeA hasta el ITM; la jornada transcurrió de forma pacífica y contó con muestras culturales
Cerca de 350 estudiantes marcharon en Medellín rechazando el ingreso de la Fuerza Pública a las instituciones universitarias del país. La manifestación, convocada bajo el lema «Marcha contra la criminalización del movimiento estudiantil», transcurrió sin alteraciones al orden público.
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La jornada inició en la Universidad de Antioquia y culminó en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), tras recorrer sectores del norte y centro de la ciudad. La marcha contó con acompañamiento de las autoridades y se complementó con actividades culturales en las instalaciones del ITM.
La movilización ocurre en momentos en que el Gobierno Nacional anunció que establecerá un protocolo para regular la actuación de la Fuerza Pública dentro de las universidades del país. El anuncio ha generado pronunciamientos de organismos de control que advierten sobre la necesidad de preservar derechos fundamentales.
La Defensoría señaló que cualquier medida sobre la Fuerza Pública en campus debe preservar simultáneamente la autonomía universitaria, el ejercicio legítimo de la protesta y la obligación del Estado de proteger los derechos de todas las personas.
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La entidad recordó que la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución, no equivale a extraterritorialidad ni excluye a las universidades de la ley, aunque tampoco tiene carácter absoluto según la Corte Constitucional.
Según la Defensoría, la Fuerza Pública puede intervenir en un campus en circunstancias excepcionales como flagrancia, pero toda actuación debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.
El organismo fue enfático en que la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles y las expresiones de disenso político no constituyen razones para justificar el ingreso de la Fuerza Pública a los campus.
La Defensoría pidió evitar interpretaciones que equiparen automáticamente la protesta con conductas violentas. También llamó a que el protocolo anunciado por el Gobierno sea construido de forma participativa, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en una sentencia
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