Compra de votos, trashumancia, suplantación y uso de recursos públicos en campaña no son “vivezas”: la ley contempla cárcel, multas de hasta 1.200 salarios mínimos e inhabilidades. Así puede denunciarlos
Colombia se alista para las elecciones del 8 de marzo de 2026, en las que se elegirá Congreso y se participará en la consulta presidencial. Pero en medio de la jornada democrática, persisten prácticas que ponen en riesgo la transparencia del proceso: compra de votos, presión a empleados públicos, trashumancia y suplantación.
La firma Cafore Abogados advierte que estas conductas no son simples irregularidades. Según la Fiscalía General de la Nación, se trata de delitos contemplados en la Ley 1864 de 2017, que pueden acarrear penas de prisión entre 4 y 12 años, multas que oscilan entre 50 y 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), además de inhabilidades para ejercer cargos públicos.
¿Qué se considera delito electoral?
Entre las conductas más comunes están:
- Trashumancia electoral: inscribir la cédula en un lugar distinto al de residencia para alterar resultados.
- Suplantación de votantes o uso de cédulas falsas.
- Constreñimiento al sufragante: presionar, amenazar o engañar a una persona para que vote por determinado candidato.
- Impedir elecciones o afectar jurados de votación.
En el caso de los candidatos, la ley también sanciona:
- Compra de votos.
- Financiamiento ilegal de campañas.
- Exceder los topes de gastos.
- Aspirar o resultar elegido estando inhabilitado por decisión judicial, disciplinaria o fiscal.
Para los servidores públicos, utilizar recursos del Estado para favorecer campañas, presionar votantes o alterar resultados agrava la responsabilidad penal, ya que vulnera los principios de imparcialidad y moralidad de la función pública.
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Más vale prevenir que judicializar
Valeria Canosa, abogada penalista de Cafore Abogados, recuerda que “el voto es libre y responsable, y comprarlo o venderlo es un grave delito que afecta la democracia”.
Su recomendación es clara:
- Candidatos: realizar auditorías legales y contables en tiempo real, verificar el origen de cada aporte y revisar posibles inhabilidades.
- Ciudadanos: denunciar cualquier ofrecimiento de dinero o favores a cambio del voto.
¿Dónde denunciar un delito electoral?
Si es testigo de una irregularidad, puede acudir a:
- Mesas de Justicia en los puestos de votación, con presencia de la Fiscalía y la Procuraduría.
- La página web de la Fiscalía General de la Nación (botón “Denuncia Fácil”) o la línea 122.
- La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) del Ministerio del Interior, a través del correo denunciasuriel@mininterior.gov.co
o las líneas oficiales habilitadas.
Estar involucrado en un proceso por delitos electorales no solo implica posibles condenas y multas. También puede generar desgaste económico, pérdida de reputación y afectaciones a la carrera política o profesional.
En estas elecciones, la advertencia es clara: la democracia no solo se ejerce votando, también se protege denunciando.
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