La principal preocupación es el riesgo inminente de la diseminación de enfermedades infecciosas, particularmente la tuberculosis
La Corte Constitucional ha emitido una directriz de cumplimiento inmediato, conminando a las administraciones de Medellín y Bucaramanga, en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), a tomar acciones urgentes. El objetivo es garantizar la salubridad mínima y la asistencia médica de las personas detenidas, buscando contener una potencial crisis sanitaria en las cárceles y centros de detención transitoria de Antioquia y Santander.
El alto tribunal subrayó que la situación actual representa una grave amenaza para la salud pública y un compromiso de los derechos de los reclusos, debido a la persistencia de altos índices de hacinamiento, las fallas estructurales en las instalaciones sanitarias y la respuesta inadecuada tanto de las entidades nacionales como territoriales.
La Uspec y el Inpec deben establecer un plan sanitario específico para la detección, manejo y tratamiento del brote de tuberculosis reportado en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional de Antioquia y Santander. Se prestará especial atención a los detenidos que son trasladados desde los centros de detención transitoria.
Las directrices detalladas por la Corte incluyen:
- Implementar pruebas clínicas y bacteriológicas al ingresar, dando prioridad a quienes presenten síntomas y a las personas que hayan tenido contacto estrecho con pacientes confirmados.
- Crear y mantener zonas y protocolos de aislamiento respiratorio para casos confirmados o sospechosos, asegurando una separación adecuada (cohortización) y medidas de ventilación óptimas.
- Asegurar el suministro continuo y oportuno de medicamentos antituberculosos, aplicando la estrategia de Tratamiento Directamente Observado (TDO).
Adicionalmente, se deberán realizar pruebas al personal de vigilancia, administrativo y de servicios expuesto. Se prohíbe el traslado de internos entre establecimientos sin el tamizaje respectivo. También se exige la garantía de remisiones hospitalarias urgentes cuando la condición médica lo requiera y la continuidad del tratamiento al momento de la liberación.
Finalmente, el Ministerio de Salud deberá ofrecer soporte técnico, unificar la información a nivel nacional sobre los casos registrados y presentar un informe detallado a la Sala Especial de Seguimiento de la Corte sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos.
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