En operativos en Titiribí, Amagá y otros municipios del Suroeste, las autoridades judicializaron a presuntos integrantes de la banda ‘La Miel’
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 15 presuntos integrantes de la estructura criminal denominada ‘La Miel’, señalada de participar en una serie de homicidios y delitos cometidos en varios municipios del suroeste antioqueño.
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La investigación detalla que esta organización operaría desde 2024 en localidades como Titiribí, Amagá, Venecia, Fredonia, Angelópolis, Medellín y Caldas, donde presuntamente realizaba actividades de tráfico local de estupefacientes, constreñimiento a habitantes y comerciantes, y homicidios selectivos. Entre los procesados se encuentran los presuntos coordinadores Duván , alias Tatuado, y Michael Andrés , alias Pinocho, además de varios supuestos sicarios de ‘La Miel’.
Las autoridades vinculan al grupo con cinco acciones delictivas registradas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026, las cuales dejaron siete personas asesinadas y una más herida. Entre los hechos investigados se encuentra un homicidio colectivo ocurrido el pasado 25 de febrero en la vereda El Porvenir de Titiribí, donde tres hombres fueron atacados con armas de fuego dentro de un vehículo. Asimismo, se investiga un ataque armado registrado el 6 de julio en una barbería de ese mismo municipio y la muerte de un hombre hallado el 13 de septiembre en una construcción abandonada del sector El Hoyo.
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Las capturas se llevaron a cabo mediante diligencias de allanamiento y registro ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Durante los operativos fueron incautadas tres armas de fuego, una subametralladora, municiones, estupefacientes, equipos de comunicación, dinero en efectivo y otros elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos.
En las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir; homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; tráfico de estupefacientes; y uso de menores para la comisión de delitos, todos con circunstancias de agravación. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
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