Más de 50 personas permanecen secuestradas por el ELN en el Catatumbo, mientras el país registra 40 casos de secuestros en 2025
La Defensoría del Pueblo ha exigido la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas en Colombia, resaltando la grave situación que se vive en regiones como el Catatumbo y Arauca. Según reportes, el ELN mantiene cautivas a 50 personas en el Catatumbo, acusándolas de colaborar con disidencias del Frente 33, mientras que en Arauca más de 18 personas siguen privadas de su libertad.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó su enérgico rechazo al secuestro, especialmente cuando se utiliza para fines extorsivos, y destacó la urgencia de proteger los derechos fundamentales a la libertad y la vida de todas las personas. Entre los casos más preocupantes está el secuestro de Clara Serrano, quien lleva un mes en cautiverio desde que fue retenida por el ELN al intentar gestionar la liberación de su hermano, también secuestrado.
“El secuestro no tiene ninguna relación o conexidad con los delitos políticos que el ELN dice cometer. Por el contrario, cometido a esta escala y de manera sistemática, se configura como el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes”, señaló la Defensora del Pueblo, Iris Marin.
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Además, se ha reportado el secuestro de la ex personera de Tamalameque, Yennis Salazar Zabaleta, y el de Kevin Patarroyo Gómez, quien cumplió sus 19 años en cautiverio tras ser secuestrado en el Catatumbo. Estos casos ilustran la creciente vulnerabilidad de diversas personas a manos de los grupos armados ilegales que siguen cometiendo esta grave violación de derechos humanos.
Según el Ministerio de Defensa, entre enero y febrero de 2025 se registraron 40 secuestros en todo el país, de los cuales 31 fueron con fines extorsivos y 9 fueron secuestros simples. Aunque en 2024 se registraron menos casos de secuestro que en 2023, con 290 frente a 338, el secuestro continúa siendo una de las principales amenazas para la seguridad y los derechos humanos en Colombia.
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