La Defensoría del Pueblo advierte que estas acciones incrementan el riesgo de reclutamiento forzado y violencia sexual contra los menores de estas regiones
Videos y fotografías difundidos en redes sociales encendieron esta semana una nueva alerta sobre el conflicto armado en Colombia. La Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín Ortiz, se pronunció sobre imágenes en las que se evidencia la presencia de grupos armados dentro de instituciones educativas rurales de Nariño y Cauca, donde estarían ingresando a distribuir propaganda, entregar útiles escolares y ocupar físicamente los espacios educativos.
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Para la Defensoría, lo que ocurre va mucho más allá de una simple interrupción de clases. «La presencia de actores armados genera miedo, inseguridad y presión sobre niñas, niños y adolescentes, lo que incrementa el ausentismo, la deserción escolar y la interrupción de sus trayectorias educativas» , señaló la entidad, advirtiendo además que esta exposición eleva directamente el riesgo de reclutamiento forzado y violencia sexual contra los menores.
El contexto en estas dos regiones es alarmante. En lo que va de 2026, grupos armados han reclutado en el Cauca a 56 niños y niñas indígenas. De los 257 casos de reclutamiento registrados por la Defensoría en 2025, el 47% pertenecía a población indígena, cifra que además presenta un alto subregistro porque muchas familias temen denunciar ante el control territorial de los grupos ilegales.
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La Defensoría señaló que los grupos armados están violando el Derecho Internacional Humanitario y la Declaración sobre Escuelas Seguras de la ONU, que establece que las partes en conflicto deben evitar el uso, la ocupación y la destrucción de los establecimientos educativos.
Por eso, la entidad exigió al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad en los entornos escolares y la permanencia de los menores en el sistema educativo, en regiones donde el conflicto armado sigue golpeando con más fuerza a los más vulnerables.
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