La restricción hace parte de las medidas cautelares expedidas por la JEP para la protección de los campesinos víctimas del conflicto armado en la región
Como medida de protección a campesinos víctimas del conflicto armado y que han sufrido el despojo de tierras y desplazamiento forzado, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, emitió medidas cautelares para proteger los terrenos ubicados en la región de Tulapas, la cual comprende los municipios Turbo, Necoclí y San Juan de Urabá, en Antioquia y que estarían en riesgo para la restitución de tierras de estas personas.
La orden prohíbe a la “Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), hacer uso y disfrute de la tierra en la que desarrolla proyectos forestales en la región de Tulapas y le solicita suspender temporalmente los contratos de usufructo que suscribió con el Fondo Ganadero de Córdoba o su liquidador”, tal como se lee en la misiva emitida por la JEP.
Esto es con el fin de que los campesinos sean reparados por la Nación ante los hechos violentos de los que fueron víctimas, pues si continúan los trabajos, se corre el riesgo de acceder a los predios a causa del desarrollo de proyectos para el aprovechamiento forestal de monocultivos por parte de empresas que presuntamente tiene vínculos con el conflicto armado.
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Asimismo, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha documentado que esta comunidad no han sido reparada integral y no han accedido de manera definitiva a la restitución de sus predios, cabe recordar que debido a la violencia cerca de 130 familias campesinas, lo que equivale a 4.000 personas, debieron abandonar la región.
Durante los hechos anteriores del conflicto armado, la JEP ha establecido que presuntamente las amenazas, despojos y expulsión de los pobladores de Tulapas, habrían sido por parte de grupos paramilitares y presuntamente, por el Fondo Ganadero de Córdoba. Por tanto, la Jurisdicción identificó que las víctimas y comunidades que adelantan procesos de restitución de tierras, siguen enfrentando riesgos.
La JEP hizo un llamado a todos los entes, entidades y organizaciones del Estado para que se articulen y garanticen la protección de los derechos de las víctimas.
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