La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó a diez antiguos integrantes de las extintas FARC-EP por presuntos crímenes en la Amazonía y la Orinoquía
Las acusasiones de la JEP están basadas en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra cinco pueblos indígenas entre 1996 y 2016.
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La decisión, adoptada en el marco del Caso 09, comprende hechos que habrían afectado a los pueblos Nükak Baká, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw. Según la investigación, la jurisdicción documentó 1.134 victimizaciones atribuidas a estructuras de los bloques Sur y Oriental de la antigua guerrilla.
Entre las conductas señaladas se encuentran homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, persecución y utilización de minas antipersonal. La JEP también identificó afectaciones a las autoridades tradicionales, las prácticas culturales y la relación de estas comunidades con sus territorios.
Entre los comparecientes señalados figuran antiguos integrantes del Secretariado de las FARC, como Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra, alias El Médico, y Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada.
La investigación incluye hechos como el asesinato de siete líderes y comuneros indígenas en el resguardo San Luis, en Caquetá, en julio de 1997, así como la muerte de una sabedora ancestral del pueblo Siona por una mina antipersonal en 2012.
Con esta imputación, los comparecientes podrán responder a los señalamientos y aportar su versión de los hechos. El proceso continuará conforme a los procedimientos de la justicia transicional, que deberá determinar las responsabilidades y las eventuales sanciones.
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