El municipio norteño enfrenta crisis en el suministro de combustible debido a las intimidaciones de las disidencias del Frente 36
La tranquilidad en el casco urbano de Ituango se vio fracturada por un grave caso de extorsión que terminó en una emergencia con explosivos. El administrador de una estación de gasolina local fue blanco de presiones por parte de delincuentes que, bajo amenazas, pretendían obligarlo a pagar una cuantiosa suma de dinero.
Según el relato del afectado, las intimidaciones comenzaron a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas. Los extorsionistas exigían un pago inicial de 15 millones de pesos y una cuota mensual de un millón, bajo la advertencia de atacar el establecimiento en caso de incumplimiento. Al no ceder ante las pretensiones económicas, el nivel de amenaza sobre el negocio se elevó drásticamente.
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Tras la alerta emitida a los organismos de seguridad, la Policía Nacional realizó una inspección exhaustiva en el sector. Durante el operativo, los uniformados localizaron un artefacto explosivo en los alrededores del establecimiento, el cual tuvo que ser neutralizado mediante una detonación controlada.
Como consecuencia de este hecho, la estación de servicio se vio obligada a suspender sus actividades. Este cierre ha generado un impacto negativo en la movilidad y economía del municipio, al verse reducido el abastecimiento de combustible para los habitantes y comerciantes de la zona.
Las investigaciones preliminares apuntan a que los responsables de esta arremetida serían miembros de las disidencias del Frente 36 de las FARC, grupo que opera en la región bajo el mando del cabecilla alias Calarcá.
Actualmente, las autoridades trabajan en identificar a los implicados y reforzar el pie de fuerza en el municipio. Por su parte, la comunidad de Ituango ha manifestado su preocupación ante el repunte de estos delitos y ha hecho un llamado urgente al Gobierno para que garantice una presencia institucional permanente que logre frenar el accionar de los grupos armados ilegales.
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