Los firmantes de paz hacían parte del Bloque Noroccidental y fueron imputados por secuestro y toma de rehenes
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó sobre la imputación por múltiples delitos, vinculados al secuestro y toma de rehenes, a siete firmantes de paz que habrían hecho parte del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP que operaba en de Antioquia, Norte de Chocó, Sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.
Según la Sala, el Bloque estaría implicado en más de 300 secuestros, entre ellos los del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, el exconsejero de paz Gilberto Echeverri y del excongresista Óscar Tulio Lizcano. Además, bajo el acto del secuestro también se le señala de homicidios, desapariciones, desplazamientos, tortura y violencia sexual.
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Dentro de lo establecido, se evidenció que el Bloque Noroccidental tenía la tarea de financiarse y generar más de dos millones de dólares anuales para la estructura por medio del secuestro y las extorsiones, de esta manera, se convirtió en la segunda estructura de las extintas Farc-EP que más crímenes de secuestro perpetró en el país.
“Se le quemaba el bus a una empresa para presionar o se les colocaba en las sedes o locales explosivos buscando que la empresa diera un ‘impuesto”, declaró ante la JEP, Marcos Urbano, uno de los excombatientes imputado. Además este firmante de paz agregó que, “»hubo retenciones de personas que no tenían mucha capacidad adquisitiva».
El Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP fue creado en 1993 y alcanzó a tener 3.145 combatientes y 923 milicianos. Sus enfrentamientos eran contra la Fuerza Pública, ELN, EPL, paramilitares y narcotraficantes, guerra que desataron en territorios como: vías de Medellín a Urabá, el Bajo Cauca Antioqueño, Suroriente del Chocó, Occidente de Caldas, Risaralda, y Bogotá. Todo esto para tener el control territorial con condiciones político-militares.
Con esta imputación ya son tres las que se han generado en medio de las investigaciones del Caso 01 que investiga la JEP en los crímenes del conflicto armado.
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