El gobernador defiende la medida, mientras EPM se niega a aplicarla en las facturas de los usuarios
La reciente aprobación de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana por la Asamblea de Antioquia ha generado una fuerte disputa entre la Gobernación y Empresas Públicas de Medellín (EPM). La ordenanza, impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón, establece que la tasa se cobrará a través de las facturas de energía eléctrica para los estratos 4, 5 y 6, así como para la industria y el comercio. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha rechazado enfáticamente la medida y ha declarado que no permitirá que EPM la aplique en las facturas, argumentando que no está de acuerdo con nuevos impuestos o tasas para los ciudadanos y empresas.
El conflicto, que podría derivar en un enfrentamiento legal, se centra en la obligación de EPM de recaudar el impuesto, ya que la ordenanza se basa en las leyes 142 y 143 de 1994, que regulan las tasas en otros departamentos del país.
En respuesta a las críticas de EPM, el gobernador Rendón defendió la legalidad de la tasa y destacó que la medida busca financiar proyectos clave de seguridad, como la instalación de cámaras de vigilancia y el fortalecimiento de las fuerzas armadas, con el objetivo de recaudar cerca de 1.2 billones de pesos.
A pesar de las objeciones de sectores como EPM y la oposición empresarial, el gobernador aseguró que la medida no tendrá un impacto significativo en las facturas, con aumentos estimados de solo un 6%.
La disputa ahora está en manos de la justicia, que deberá determinar quién tiene la razón en este conflicto que enfrenta a las autoridades locales con una de las empresas más grandes del departamento.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) December 5, 2024
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