La diligencia judicial está prevista para desarrollarse ante el Juzgado 27 Penal de la capital antioqueña
Para este jueves, 10 de septiembre, el Centro de Servicios Judiciales de Medellín programó la audiencia de imputación de cargos por presunta corrupción contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, junto a tres personas más. La diligencia judicial está prevista para desarrollarse ante el Juzgado 27 Penal de la capital antioqueña, tras superar múltiples tropiezos procedimentales.
El proceso judicial avanza en el marco del expediente SPOA 05001600024820242355900. Junto a Miguel Quintero Calle, comparecerán en calidad de indiciados Vanesa Álvarez Restrepo, Álvaro Alonso Villada García y Sebastián de Dios Ortega Urán. Durante la sesión, la Fiscalía General de la Nación dará lectura a los cargos por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Así mismo, el ente investigador solicitará la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario.
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La programación de esta cita responde a la suspensión de la diligencia del pasado 31 de agosto, la cual fue declarada fallida en estrados. En aquella jornada, la titular del Juzgado 27 Penal reportó una incapacidad médica, lo que motivó el intento de reasignación del caso a la Juez 39 Penal de Medellín. No obstante, los abogados defensores —encabezados por el penalista Santiago Trespalacios— argumentaron que dicha transferencia transgredía el Acuerdo PCSJA26-12570 del Consejo Superior de la Judicatura, la norma vigente desde el 18 de agosto que exige que las audiencias programadas retornen al despacho de origen y no sean reasignadas de forma intempestiva.
Esta causa penal investiga una supuesta red de contratación direccionada al interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, un entramado con un valor estimado cercano a los $18.000 millones de pesos y un detrimento patrimonial calculado en $2.481 millones. De acuerdo con testimonios incorporados al proceso, los implicados habrían exigido coimas equivalentes al 20 % del valor de los contratos adjudicados, de los cuales la mitad presuntamente se destinaba a la cabeza de la organización.
Con la sesión de hoy, las autoridades buscan destrabar un trámite que acumula tres aplazamientos desde su citación inicial el pasado 3 de agosto, cuando la Fiscalía solicitó la primera prórroga para consolidar el material probatorio, seguida de una reprogramación el 25 de agosto pedida por la defensa de otro de los procesados.
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