Fiscalía afirma que Miguel Quintero coordinaba la designación de funcionarios clave y supervisaba contratos del Cuerpo de Bomberos de Itagüí
La Fiscalía volvió a mencionar a Miguel Quintero Calle, exconcejal de Medellín y hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle, en las audiencias por la presunta malversación de más de 2.480 millones de pesos en seis contratos entregados de forma directa por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Según la investigación, estas contrataciones habrían sido direccionadas irregularmente.
En octubre de 2025, durante las audiencias preliminares, se mencionó por primera vez su injerencia en el proceso que involucraba a María Yaneth Rúa García, supervisora del Área Metropolitana, y a los representantes legales del Cuerpo de Bomberos, algunos de los cuales ya se encuentran en prisión. Los contratos, que suman más de 18.000 millones de pesos, tenían como objetivo, entre otros, capacitar a oficiales de atención de emergencias, metas que no se habrían cumplido según la Fiscalía.
En la más reciente audiencia, el fiscal 40 especializado en delitos contra la administración pública destacó la presunta división de roles dentro de la entidad y afirmó que Miguel Quintero habría actuado como un coordinador externo que influía en la designación de funcionarios estratégicos, incluyendo a exsubdirectoras ahora involucradas en el proceso. La Fiscalía sostuvo que Juan David Palacio Cardona conocía las irregularidades y acataba instrucciones de terceros para designar a estos funcionarios.
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El procurador delegado José Luis Ochoa Escobar respaldó la versión de la Fiscalía, señalando que los chats y audios revisados evidenciarían el direccionamiento de los contratos, la postulación de funcionarios y la supervisión de procesos clave por parte del hermano del exalcalde. Por su parte, el alcalde actual de Medellín, Federico Gutiérrez, enfatizó que estas pruebas justificarían el envío a prisión de Palacio Cardona mientras avanza el proceso judicial.
El caso sigue en etapa judicial, con la Fiscalía y la Procuraduría analizando el material probatorio para definir responsabilidades. Mientras tanto, los implicados enfrentan cargos que incluyen interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público, y las audiencias continúan para esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades.
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