Luego de un análisis de ocho meses, basado en el estudio causa-raíz de la aseguradora Skava Consulting y de la revisión de la documentación en materia jurídica de la contingencia de Hidroituango, EPM valoró en 9,9 billones de pesos el presunto detrimento sufrido en la obra.
La compañía anunció demandas a empresas diseñadoras, constructoras, interventoras y aseguradoras de Hidroituango por la contingencia presentada en abril de 2018 y que puso en riesgo a las comunidades aguas abajo de la obra.
Hasta el 10 de noviembre hay plazo para que la Procuraduría logre una conciliación entre EPM y los constructores.