El 13 de mayo el Tribunal Superior de Medellín ordenó descongestionar los calabozos y centros de reclusión transitorios de la ciudad en un plazo de dos meses.
Ya ha pasado un mes y los detenidos continúan en estaciones de policía.
De un lado, el INPEC asegura que solo le corresponde recibir a los condenados, y que de los sindicados se debe encargar la administración municipal.
Y de otro lado, la personería afirma que dada la situación esta norma no se puede cumplir, por lo cual todos deben ser recluidos en cárceles.
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