La llegada de Quintero a la Supersalud, en reemplazo de Bernardo, ha generado un rechazo casi unánime en diversos sectores
A través del decreto 433, el Gobierno Nacional formalizó el nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como el nuevo Superintendente Nacional de Salud. La decisión se toma en un momento de fragilidad extrema para el sistema sanitario en Colombia, caracterizado por una alta rotación en las direcciones institucionales y una crisis financiera que mantiene bajo intervención a siete aseguradoras que agrupan a 23 millones de afiliados.
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La llegada de Quintero a la Supersalud, en reemplazo de Bernardo Armando Camacho, ha generado un rechazo casi unánime en diversos sectores. Los cuestionamientos no solo surgen de la oposición, sino de figuras del propio Gobierno como Carlos Carrillo (director de la UNGRD), quien calificó el nombramiento como un “yerro enorme”.
El principal foco de desconfianza radica en los antecedentes del exalcalde:
Hallazgos de corrupción: Su administración en Medellín cerró con más de 650 hallazgos de presuntas irregularidades.
Procesos vigentes: Quintero enfrenta cargos por peculado por apropiación e interés indebido en contratos, como en el caso del lote «Aguas Vivas».
Falta de experiencia técnica: Gremios como Acemi e investigadores del sector salud advierten que el cargo requiere rigor técnico y no perfiles marcados por la confrontación política.
El nombramiento coincide con la designación de otro exalcalde, Jorge Iván Ospina (Cali), como interventor de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. Esta entidad atraviesa un panorama desolador: deudas que superan los 26 billones de pesos y un aumento desbordado en las quejas de los usuarios por falta de medicamentos y especialistas.
Para expertos como el exviceministro Iván González, estos movimientos políticos en cargos de control ponen en riesgo la operatividad del sistema. «La confianza institucional se rompe cuando la gestión no es técnica», advierten desde la red de hospitales (IPS), donde temen que estas decisiones sean el preámbulo de liquidaciones masivas y traslados de pacientes sin una hoja de ruta clara.
Las primeras declaraciones del nuevo Superintendente sugieren una intención de acelerar la reforma al sistema desde el control de las EPS. Sin embargo, asociaciones de pacientes y usuarios manifiestan temor ante una posible profundización de la crisis y el uso de la salud como un escenario de disputa ideológica, mientras el acceso a servicios básicos sigue deteriorándose en todo el territorio nacional.
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