La magistrada confirmó que las ejecuciones extrajudiciales fueron crímenes de sistema ejecutados en alianza con paramilitares
Durante una audiencia de reconocimiento en la que 40 comparecientes aceptaron su responsabilidad, la JEP ratificó que las muertes de civiles en Antioquia no fueron errores aislados, sino una práctica sistemática. Según el tribunal, los comandantes impusieron una política de «conteo de cuerpos», donde las bajas eran exigidas como trofeos de guerra.
Se documentó la cooperación entre la Fuerza Pública y bloques paramilitares (Metro, Nutibara y Héroes de Granada) para identificar y asesinar a víctimas vulnerables, como campesinos y habitantes de calle.
Tras nuevos señalamientos de sus subordinados, el general Juan Miguel Huertas será convocado nuevamente para responder por su presunto conocimiento de estos crímenes.
La magistrada recordó la imputación de los generales Mario Montoya y Óscar González Peña por su rol en los años más críticos del fenómeno.
El departamento es el más afectado del país, con 2.400 eventos documentados y 589 casos plenamente esclarecidos en el Oriente antioqueño.
La JEP determinará ahora si los reconocimientos de verdad son suficientes para imponer sanciones restaurativas que busquen reparar el daño causado a las víctimas y sus familias.
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