La propuesta de la Gobernación de Antioquia busca que las autoridades puedan intervenir ante actos violentos o delitos en flagrancia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, envió al Gobierno Nacional una serie de observaciones al proyecto que modifica el Decreto 003 de 2021, la normativa que regula la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas. La Administración Departamental confirmó su respaldo a la actualización del texto para precisar la respuesta institucional en eventos de protesta.
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Entre los planteamientos expuestos por el departamento figura la propuesta de permitir la intervención de la Fuerza Pública ante actos de violencia o delitos en flagrancia dentro de universidades e instituciones educativas. Según el documento entregado, este procedimiento se realizaría sin requerir la autorización de las directivas académicas, sujeto a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación, con el fin de proteger la infraestructura, la continuidad de la educación y la seguridad de la comunidad escolar.
El documento también sugiere modificar la participación de los gobiernos departamentales en los Puestos de Mando Unificado (PMU), para que puedan integrarse cuando las condiciones de seguridad lo requieran, independientemente de si la movilización se lleva a cabo en uno o en varios municipios.
Por otra parte, se solicita precisar los procedimientos del Ministerio Público para que las tareas de verificación previas, simultáneas o posteriores no aplacen ni impidan la actuación policial cuando resulte requerida. Finalmente, la Gobernación planteó incluir de forma explícita la protección de la propiedad pública, la propiedad privada y el medio ambiente sano dentro de los derechos que deben ponderarse durante las jornadas de protesta.
Con estos aportes, la administración busca delimitar las garantías para las marchas y el campo de acción de las autoridades ante alteraciones del orden público.
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