¿Por qué la FLA asegura que le piden documentos de «cajas menores» inexistentes?
La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) calificó como una «persecución política» la inspección adelantada por la Superintendencia Nacional de Salud y la posterior denuncia penal interpuesta en su contra por supuesta obstrucción a la justicia. El gerente de la empresa antioqueña, Esteban Ramos Maya, aseguró que detrás de este proceso está el superintendente Daniel Quintero y un intento de retaliación debido a tensiones políticas previas en Medellín.
Ramos Maya vinculó directamente la rigidez de la auditoría con el control político que su hermano, el exconcejal Alfredo Ramos, ejerció durante la alcaldía de Quintero. Como detonante, la orden de visita fue firmada por Juan David Duque, actual funcionario de la Supersalud y exsecretario privado de Quintero, quien fue destituido en 2023 por el Concejo de Medellín tras el escándalo relacionado con el manejo de fondos fijos y cajas menores de la administración municipal.
La defensa de la licorera sostiene que en ningún momento se bloquearon las labores de los auditores, sino que la Superintendencia exigió carpetas y soportes de figuras contables que la FLA ni siquiera maneja en su estructura interna.
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«Nos están preguntando por temas que ni siquiera la FLA tiene. ¿Tarjetas de crédito? ¿Gastos de representación? ¿Caja menor? Son mecanismos inexistentes en la fábrica. Entonces, ¿qué pretenden? Ellos son expertos en cajas menores y en gastos de representación. El que las hace cree que el resto del mundo las hace», sentenció Ramos a través de sus canales oficiales.
El directivo precisó que mientras una inspección habitual consta de máximo 17 requerimientos, la Supersalud les notificó un pliego inusual de 77 peticiones, muchas de las cuales exceden el marco de vigilancia del sector salud al incluir procesos judiciales internos, actas de juntas y conciliaciones financieras. Además, recordó que la licorera acaba de superar una revisión de la Contraloría de Antioquia sin un solo hallazgo negativo.
En la otra orilla, el superintendente Daniel Quintero anunció la radicación de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, argumentando que los funcionarios enviados por su despacho fueron bloqueados en las instalaciones de la licorera el pasado viernes 26 de junio. De acuerdo con el jefe de la entidad pública, el comportamiento de las directivas podría enmarcarse en el delito de obstrucción a la función pública.
Quintero rechazó los señalamientos de venganza y defendió que el procedimiento obedece a un cronograma técnico nacional que contempla más de 750 fiscalizaciones en todo el país. Añadió que el expediente también fue trasladado a la Procuraduría y a la Contraloría, y que no descarta sanciones económicas por desacato.
Respecto al momento en que se detuvo el flujo de datos el pasado viernes, el gerente de la FLA aclaró que esto ocurrió únicamente mientras se resolvía una recusación interpuesta contra Quintero y Duque por falta de imparcialidad. Una vez el organismo desestimó dicho recurso en un lapso de 36 horas, la empresa anunció que recurrirá a una acción de tutela con medidas cautelares para frenar lo que consideran un atropello al debido proceso.
A pesar del choque judicial en curso, la administración de la Fábrica de Licores dio un parte de tranquilidad sobre sus finanzas y garantizó el normal abastecimiento del mercado de cara a la temporada de la Feria de las Flores y el cierre del año.
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