La decisión del presidente busca enfrentar la crisis financiera de las EPS, pero genera incertidumbre por el traslado de pacientes y tratamientos
El presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de las EPS en quiebra, tras el freno judicial a medidas del Gobierno y el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. La instrucción fue dirigida a los ministerios de Salud y Hacienda como una salida a la crisis financiera del sistema.
“El que esté en quiebra se liquida”, señaló el mandatario, quien argumentó que el Estado no asumirá las deudas acumuladas por estas entidades, al considerar que hacerlo afectaría la estabilidad fiscal del país.
Las EPS que podrían ser liquidadas
Entre las entidades en riesgo se encuentran:
- Famisanar (2,9 millones de afiliados)
- Coosalud (3,2 millones)
- Asmet Salud (1,8 millones)
- Emssanar (1,7 millones)
- Savia Salud (1,6 millones)
- Servicio Occidental de Salud (750.000)
- Capresoca (170.000)
Estas EPS suman más de 12 millones de usuarios, quienes tendrían que ser trasladados a otras entidades en caso de concretarse la medida.
Impacto en el sistema de salud
El Gobierno también puso el foco en la situación de la Nueva EPS, que cuenta con cerca de 10,8 millones de afiliados. Según el presidente, se buscará sanear financieramente esta entidad para evitar su liquidación y convertirla en receptora de usuarios provenientes de otras EPS.
En total, las EPS intervenidas o en riesgo concentran alrededor de 23 millones de afiliados, lo que representa cerca del 43 % de la población del país, un escenario que anticipa alta presión sobre hospitales y clínicas durante una eventual transición.
Riesgos y preocupaciones
La decisión ha generado preocupación en distintos sectores por posibles efectos como:
- Interrupción de tratamientos médicos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.
- Dificultades en la entrega de medicamentos.
- Sobrecarga del sistema hospitalario por el traslado masivo de usuarios.
Expertos advierten que no todas las EPS tienen capacidad para absorber esta cantidad de pacientes, lo que podría afectar la continuidad en la atención.
Contexto de la decisión
La orden del Gobierno se da luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendiera un decreto que buscaba reorganizar el traslado de afiliados, y tras el bloqueo de la reforma a la salud en el Congreso.
Ante este panorama, el Ejecutivo anunció que volverá a presentar la reforma el próximo 20 de julio, junto con una reforma tributaria, como parte de una estrategia para reestructurar el sistema.
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Mientras se define el alcance de la medida, persiste la incertidumbre sobre cómo se realizará la liquidación y el traslado de millones de usuarios, en uno de los cambios más significativos del sistema de salud en los últimos años.
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