El caso contra la senadora avanza por haber gestionado directamente el traslado de reclusos a un acto político
La Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado fijó la audiencia oficial contra la senadora Isabel Zuleta para el próximo 23 de febrero a las 2:30 p. m.. Los magistrados evaluarán si la congresista cometió una falta grave al invitar a personas privadas de la libertad al «tarimazo», proceso que nace tras un polémico acto realizado en el Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín, durante el pasado mes de junio de 2025.
La prueba principal en este caso es un documento oficial firmado por la propia senadora. En este oficio, la funcionaria solicitó al director del INPEC el traslado de varios reclusos para que participaran en un evento junto al presidente Gustavo Petro. El Ministerio Público analiza ahora si las resoluciones del Gobierno nacional permitían legalmente este tipo de permisos para actos políticos.
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Por otra parte, la defensa de la senadora busca desestimar las pruebas presentadas ante la Sala Especial de Decisión. Sin embargo, la investigación indica que Zuleta fue la encargada directa de gestionar la presencia de los detenidos en el escenario. Los jueces determinarán en los próximos días si este hecho le costará su puesto definitivo en el Senado de la República.
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