El Gobierno propone eliminar un beneficio de hasta $16 millones mensuales
En medio del debate por el aumento del salario mínimo y la presión sobre las finanzas públicas, el Gobierno nacional prepara una decisión que apunta directamente al bolsillo de los congresistas. Un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda propone eliminar la prima especial de servicios que hoy eleva de forma significativa los ingresos mensuales de senadores y representantes a la Cámara.
La iniciativa busca suprimir un pago adicional cercano a los 16 millones de pesos que actualmente reciben los miembros del Legislativo y que no está consagrado en la Constitución ni en una ley, sino en un decreto expedido en 2013. Este respaldo jurídico le permitiría al Ejecutivo desmontar el beneficio sin necesidad de tramitar una reforma constitucional.
El documento plantea que la remuneración de los congresistas resulta excesiva frente al ingreso promedio de los colombianos y desalineada con la realidad económica del país. Según el Gobierno, mantener estos niveles salariales dificulta la reducción de brechas sociales y contradice el mensaje de austeridad que se quiere enviar en un contexto de ajuste fiscal.
De aprobarse el decreto, se dejaría sin efecto la prima especial de servicios y otros beneficios asociados, lo que implicaría una reducción sustancial del salario mensual de los congresistas. Actualmente, un senador o representante gana más de 52 millones de pesos; sin la prima, el ingreso bajaría a cerca de 36 millones.
La medida tendría efectos a partir del próximo periodo legislativo, que comienza el 20 de julio de 2026, luego de las elecciones de marzo. Esto significa que no impactaría a los actuales congresistas de manera inmediata, pero sí a quienes resulten elegidos para el siguiente cuatrienio.
El anuncio preliminar ya provocó reacciones dentro del Congreso. Algunos legisladores respaldaron la eliminación de la prima y la calificaron como una decisión necesaria para avanzar hacia una mayor equidad salarial, mientras otros advierten que el debate apenas comienza y que el decreto podría enfrentar resistencia política.
En las próximas horas, el Gobierno ampliaría los detalles de esta propuesta, que se perfila como uno de los ajustes más simbólicos en materia de austeridad estatal y que reabre la discusión sobre los altos salarios de los congresistas en Colombia.
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