Con presencia en 296 municipios, el Clan del Golfo apuesta por la mesa de paz en medio de incertidumbre y trabas legales
Con cerca de 10.000 miembros y presencia en 296 municipios, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, continúa siendo la principal amenaza para la seguridad del país. A pesar de su fortalecimiento, el grupo ha iniciado desde septiembre de 2025 un proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro en Catar, en lo que ha sido un proceso lleno de altibajos.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la negociación presenta características inéditas: por primera vez, el EGC acepta discutir una desmovilización que incluiría la entrega de armas y la rendición de cuentas por sus crímenes. A diferencia de otros procesos, no se plantean reformas profundas al sistema político ni económico, sino el objetivo concreto de erradicar las extorsiones impuestas por el grupo y reemplazarlas por presencia estatal. Por primera vez en Colombia, países como Catar, Noruega, Suiza y España asumen roles de mediadores.
Lea también: Enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo atemorizan la población civil en Concordia
El diálogo no ha estado exento de complicaciones. La última pausa en las negociaciones se produjo tras la reunión entre el presidente Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, lo que suspende las conversaciones por 13 días. La FIP subraya los desafíos estructurales que dificultan el proceso, como la falta de marcos jurídicos adecuados y la escasa articulación entre instituciones.
En términos de fuerza, el EGC es el grupo armado con mayor presencia en Colombia, concentrando casi el 36% de los miembros de organizaciones ilegales en el país. Además, su influencia se ha expandido: entre 2022 y 2025, su presencia pasó de 145 a 296 municipios. Su expansión ha sido impulsada por un sistema de salarios y apoyos económicos a sus integrantes, que incluyen desde pagos mensuales de 1,5 millones de pesos a campaneros hasta 17 millones a los comandantes de frente.
A pesar de su crecimiento, el EGC tiene razones para negociar. Los altos costos operativos, el riesgo de neutralización por parte de la Fuerza Pública, y el agotamiento de su estructura ilegal son algunos de los factores que han llevado al grupo a sentarse en la mesa, detalla el informe de la fundación. En los primeros cinco meses de conversaciones, se han logrado avances como la selección de municipios piloto para sustitución de cultivos ilícitos y el compromiso de censar a los niños en sus filas.
Conoce más: Le dieron de baja a alias “Canario”, señalado cabecilla del Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño
Sin embargo, las preocupaciones persisten. La capacidad institucional del gobierno para cumplir los acuerdos, los debates internos dentro del EGC y los obstáculos jurídicos sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) son algunos de los retos que podrían poner en riesgo el avance de las negociaciones. Además, la posibilidad de que surjan disidencias del grupo luego de una eventual desmovilización plantea un nuevo escenario que requerirá de un manejo cuidadoso.
Para más noticias, síguenos en nuestro canal de WhatsApp
La FIP detalla en el informe que, a pesar de los riesgos, la negociación sigue siendo una prioridad para el gobierno. Aunque es improbable que se logre un acuerdo definitivo antes del fin del mandato de Petro, las conversaciones podrían sentar las bases para que el próximo gobierno continúe el proceso de paz, con la esperanza de consolidar la desmovilización y la reintegración del EGC a la sociedad.
Sigue las noticias de H13N en Google News
Sigue nuestro canal de noticias en WhatsApp
Envía tus noticias
Le puede interesar:
El asesinato de un hombre en La Estrella podría estar relacionado con el ruido de su taller de motos recién inagurado https://t.co/2XqBrHWwHd
— Hora13 Noticias (@hora13noticias) February 27, 2026
