Siete cabecillas de la organización fueron capturados, acusados de exigir dinero y desplazar a habitantes del nororiente de la ciudad entre 2016 y 2025.
En un importante golpe a la criminalidad, la Fiscalía General de la Nación judicializó a 23 presuntos integrantes del grupo delincuencial “San Pablo”, implicados en diversos delitos como secuestros, extorsiones, tráfico de estupefacientes y desplazamientos forzados en las Comunas 1 y 3 de Medellín. Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir, tortura, desplazamiento forzado y extorsión, entre otros delitos.
Entre los 23 procesados se encuentran siete presuntos cabecillas de la organización, quienes, según las investigaciones, controlaban la zona y obligaban a los habitantes a pagar cuotas extorsivas bajo la amenaza de desplazarlos de sus viviendas. Estos líderes, identificados con los alias de “Don Alex”, “Rigo”, “Manigueto”, “Colacho», «Copas», “Chamaco” y «El Burro”, fueron detenidos en una operación conjunta entre la Fiscalía y el Gaula de Medellín.
El caso de una de las víctimas de la organización resalta el modus operandi de la banda. En febrero de 2021, un hombre residente en el barrio Bello Oriente fue presuntamente extorsionado en tres ocasiones. En 2022, fue presuntamente golpeado y forzado a abandonar la ciudad, siendo posteriormente al parecer, amenazado de muerte al intentar regresar a su hogar en 2025. Esta situación refleja el terror impuesto por los criminales a los habitantes de la zona.
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Otro de los delitos investigados involucró el robo de una motocicleta a un habitante de Bello Oriente en agosto de 2024, porque al parecer, se habría negado a unirse al grupo criminal. La víctima presuntamente fue golpeada, secuestrada y amenazada de muerte. El secuestro fue parte de un patrón de violencia utilizado para forzar a los ciudadanos a colaborar con la organización.
Durante las indagaciones también se reveló la presunta implicación de Andrés A., S., B., presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Carambolas. Entre 2016 y 2020, se habría presuntamente respaldado de la estructura criminal para cobrar cuotas ilegales a la comunidad, específicamente para acceder al servicio de agua potable, usando la extorsión como herramienta de control social.
Como resultado de esta operación, 22 de los 23 procesados fueron enviados a prisión preventiva, mientras que a Andrés A., S., B., se le impuso una medida no privativa de la libertad. Las autoridades continúan con las investigaciones para desmantelar por completo la red criminal y evitar más desplazamientos, constreñimiento y extorsiones en la ciudad.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) May 20, 2025
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