Las autoridades identificaron que varias de las víctimas eran niños y adolescentes del entorno cercano de los hoy procesados
Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) permitió identificar y judicializar a siete personas señaladas de integrar una red de explotación sexual de menores que operaba en Medellín y que distribuiría material audiovisual de contenido sexual a contactos en Estados Unidos con fines económicos.
De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, seis de los procesados habrían contactado a niños, niñas y adolescentes en distintos sectores de la capital antioqueña, en varios casos pertenecientes a su entorno familiar cercano o residentes de los mismos barrios donde vivían.
Según la Fiscalía, los menores eran engañados y posteriormente utilizados para la producción de videos y fotografías con contenido sexual explícito, material que luego habría sido enviado a contactos internacionales mediante aplicaciones de mensajería instantánea para su comercialización.
Dentro de los judicializados también aparece el ciudadano mexicano Cein Q.R, quien, según la investigación, habría buscado menores en inmediaciones de instituciones educativas y les ofrecía dinero para trasladarlos hasta su lugar de residencia, donde serían víctimas de abusos sexuales. Las sumas ofrecidas, según el expediente, oscilaban entre 80.000 pesos y un millón de pesos.
Por estos hechos, fiscales de la Unidad de Delitos Priorizados contra Niñas, Niños y Adolescentes y del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de Medellín imputaron a los procesados varios delitos relacionados con explotación sexual comercial de menores, acceso carnal abusivo, pornografía infantil agravada, uso de menores para la comisión de delitos y proxenetismo con menor de edad.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los siete implicados mientras avanza el proceso judicial. De manera paralela, varios de los menores identificados como víctimas en este caso fueron puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de adelantar el restablecimiento de sus derechos.
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