En medio de las polémicas que ha generado la vaca por las vías de Antioquia, las dudas por parte de los ciudadanos y los señalamientos por parte del Gobierno Nacional han aumentado.
Conversamos con un abogado para detallar esta iniciativa, inicialmente le preguntamos si se expedirán los certificados de donación y a partir de qué monto se darán los certificados tributarios a quien lo solicite.
Esteban Manco, magister en derecho público, afirmó que “todos los habitantes de Antioquia, de Colombia o incluso los que estén por fuera del país recibirán su certificado de donación con el fin pertinente que lo estime” y se emitirán a partir del año 2025 desde los 10.000 pesos hasta un millón o más.
La legalidad de los recursos es otro tema que ha generado controversia, luego de que el Clan del Golfo afirmara que consignó 10 millones de pesos a la ‘vaca’, por eso le preguntamos al magister Manco, cómo se puede establecer la legalidad y la procedencia de los recursos.
Según el experto “se podrán observar de acuerdo a la trazabilidad que realice Bancolombia respecto a cada cédula de ciudadanía de cada respectivo donante”, con esto se definirá si los recursos son lícitos.
¿La ‘vaca’ del gobernador de Antioquia sería ilegal?
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que el gobernador de Antioquia estaría incurriendo en una conducta penal, establecida como captación masiva y habitual de dineros.
Este delito se refiere a “aquel delito que comete una persona cuando de manera directa o indirecta realice conductas para captar dinero masivo y habitual del público sin la autorización respectiva de la autoridad competente”.
Como afirmó Esteban Manco, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no estaría incurriendo en el delito al que se refirió Gustavo Petro, pues “no se concreta en la situación particular y por cuanto este llamado que hace el ente territorial, Antioquia no promete intereses financieros ni nada por el estilo, sino que es un asunto concreto de las vías 4G”.
Sin embargo, Manco expresó que presuntamente sí se podría incurrir en la ilegalidad según el artículo 41 de la ley 80 de 1993 o Estatuto General de la contratación, en el cual se dicta que “para las entidades públicas todo contrato con el Estado debe ser por escrito y estas donaciones están recibiendo de manera libre sin contrato escrito por cada uno de los donantes según la cantidad así asignada por ellos”.
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