Según la Defensoría, la disputa por rutas del narcotráfico y economías ilegales está agravando la crisis humanitaria en varias zonas de Atrato
La escalada de violencia en el municipio de Atrato, en el departamento del Chocó, llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir una nueva alerta temprana ante el riesgo que enfrentan cientos de familias por la presencia y confrontación de grupos armados ilegales en esta zona del Pacífico colombiano. La entidad advirtió que los enfrentamientos entre el ELN, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y estructuras del crimen organizado están generando graves afectaciones contra la población civil.
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Luego de analizar la situación de orden público en el territorio, la Defensoría emitió la Alerta Temprana 011 de 2026, en la que formuló 32 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales, departamentales y locales con el propósito de proteger la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades.
El organismo identificó como zonas de mayor preocupación la cabecera municipal de Atrato y corregimientos como Doña Josefa, Samurindó, Arenal, La Molana, San José de Purré, Real de Tanandó, Motoldo, San Martín de Purré, Puente de Paimadó y Puente de Tanandó, donde la presencia de actores armados ilegales ha incrementado los riesgos para la población.
De acuerdo con el informe, una de las principales amenazas está relacionada con el control territorial que ejerce el ELN en algunas áreas, así como la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia y la incursión de grupos de crimen organizado que buscan dominar economías ilegales asociadas a la minería de oro y las rutas del narcotráfico.
La Defensoría también alertó por el aumento de homicidios en sectores como Samurindó, La Molana y Arenal, además del crecimiento de casos de extorsión a comerciantes y transportadores, muchos de los cuales no son denunciados por temor a represalias.
Entre las situaciones documentadas también aparecen restricciones a la movilidad, paros armados, marcación de viviendas con grafitis, instalación de artefactos explosivos y propaganda armada en zonas civiles, hechos que, según la entidad, representan graves infracciones al derecho internacional humanitario.
La advertencia también pone el foco sobre la niñez y la adolescencia, población que estaría siendo víctima de reclutamiento, uso e instrumentalización por parte de grupos ilegales. A esto se suman los riesgos de violencias basadas en género que enfrentan mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a ministerios, organismos de investigación, entidades de protección y autoridades territoriales para que adopten medidas inmediatas y coordinadas que permitan contener la crisis humanitaria y garantizar los derechos de las comunidades de Atrato.
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