El informe presentado por el actual Gobierno señala presuntas fallas en el manejo de la deuda pública, contrataciones y presupuestos de programas
La Fiscalía General de la Nación recibió más de 80 denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas y de contratación pública que habrían ocurrido durante el mandato de Gustavo Petro. Las observaciones forman parte de un informe técnico elaborado por la comisión de empalme del actual gobierno de Abelardo de la Espriella.
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El documento, presentado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, sintetiza los hallazgos tras revisar la contratación y la gestión operativa de distintas entidades del Estado mediante el uso de herramientas tecnológicas y auditorías.
Entre los puntos señalados en la entrega formal de la información se destacan:
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Deuda pública: Modificaciones en el límite de adjudicación de títulos TES, incrementos en las tasas de interés de colocación y concentración de vencimientos de deuda en los años 2026, 2029 y 2030.
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Sector ambiental: La expedición de resoluciones al final de la gestión anterior relativas a la delimitación de 29.000 hectáreas en el páramo de Santurbán, aspecto que cuenta con revisiones por parte de los organismos de control.
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Fonigualdad: La firma de contratos adicionales durante su fase de liquidación y pagos dirigidos a empresas de servicios temporales.
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Programas sociales: El agotamiento en el mes de julio del presupuesto asignado para todo el año 2026 en el programa Colombia Mayor.
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Cancillería: La suscripción de 785 contratos previo al inicio de la Ley de Garantías, así como gastos destinados al arrendamiento y adecuación de sedes temporales.
Las denuncias planteadas también describen deficiencias técnicas, fragmentación institucional, concentración de contratos y opacidad en la información en diversas dependencias estatales.
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Ante la recepción de la documentación, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, indicó que los fiscales asignados evaluarán y contrastarán los datos entregados con las pruebas legales para determinar si hay lugar a iniciar procesos formales. Por su parte, los entes de control articularán esfuerzos para adelantar las indagaciones correspondientes garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia.
