Más de 763.000 usuarios se han visto afectado su servicio de energía a causa de ataques contra la infraestructura eléctrica en Antioquia y el Valle de Aburrá
Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que durante el primer semestre de 2026 las pérdidas ocasionadas por el hurto de cables y los actos de vandalismo contra su infraestructura eléctrica ascienden a 25.000 millones de pesos, principalmente por daños en la red subterránea de energía.
Según la empresa, los casos se han concentrado en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, así como en los municipios de Medellín, Bello, Caldas, La Estrella y Envigado, donde delincuentes han robado cables y otros elementos para comercializar ilegalmente el cobre.
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Como consecuencia de estos hechos, más de 763.000 usuarios han sufrido interrupciones en el servicio de energía. Además, EPM indicó que los eventos asociados al hurto y vandalismo han tenido una duración promedio de 24,6 horas, afectando tanto a hogares como a establecimientos comerciales e industrias.
La empresa explicó que los daños no solo incluyen el robo de cableado, sino también afectaciones a transformadores, medidores, luminarias, acometidas, sistemas de protección y tapas de seguridad. Asimismo, advirtió que reemplazar un kilómetro de cable de media tensión puede costar cerca de 550 millones de pesos y tardar hasta 14 meses, dependiendo de la disponibilidad de materiales y la complejidad de la reparación.
EPM también alertó sobre el riesgo que representan estos ataques para la estabilidad del sistema eléctrico, ya que afectaciones simultáneas en redes estratégicas podrían generar interrupciones masivas del servicio en el Valle de Aburrá.
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El gerente de Transmisión y Distribución Energía de EPM, Jorge Cerezo Restrepo, señaló que estas acciones obligan a destinar recursos extraordinarios para reparar la infraestructura, dinero que podría invertirse en la modernización y expansión del sistema eléctrico.
Finalmente, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier intervención sospechosa o no autorizada en redes, postes o cámaras subterráneas, con el fin de prevenir nuevos casos de hurto y vandalismo contra la infraestructura energética.
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